Además de la participación ciudadana y de la diligencia de los participantes en los procesos de selección, nuestro sistema legal contempla diversos mecanismos de vigilancia y control que buscan que los recursos del Estado sean administrados adecuadamente. Estos mecanismos garantizan que los procesos contractuales se lleven a cabo dentro de lo límites legales y observando los principios propios de la función administrativa, la gestión fiscal y los previstos en el EGCAP.