Las funciones que desde la Constitución se asignan al Estado se encuentran distribuidas entre las entidades nacionales y territoriales. A ellas se asignan de manera detallada una serie de competencias y deberes. Para el cumplimiento de estas tareas, las entidades se deben organizar internamente de tal forma que sus servicios sean prestados de la manera más eficaz.

Tanto para la organización interna como para el desarrollo de sus funciones, cada entidad estatal requiere del suministro permanente de una amplia gama de bienes y servicios que el propio Estado no está en la capacidad de producir y/o suministrar, de ahí que se tenga que acudir a proveedores de índole privada para lograr la satisfacción de las necesidades particulares y el logro de los fines impuestos por la Constitución Política.

En materia de contratación pública por regla general, todas las entidades del Estado se encuentran sometidas al EGCAP 45.