El descubrimiento relativamente reciente del enorme potencial de las micro y pequeñas empresas, constituye uno de los hechos más significativos en materia de desarrollo económico de las últimas décadas.

En América Latina, las MIPYME constituyen más del 95% de las empresas, generan más del 70 por ciento del empleo y hasta el 50 por ciento del total de las ventas2.

En Colombia, particularmente en las últimas décadas se ha identificado y apreciado el potencial de estas empresas y se les empezó a considerar como elemento fundamental para el desarrollo del país. Hoy en día, resultan protagonistas en las discusiones económicas y sectoriales al interior del Gobierno, y se han venido estableciendo metas concretas tendientes a promover su acceso a los mercados nacionales e internacionales.

Nuestra Constitución Política acogió un modelo económico en el cual el Estado debe promover la libre competencia y, para esto, es indispensable que todos los actores del mercado tengan la posibilidad de participar en igualdad de condiciones. Esto también ha inspirado la conveniencia de apoyar a las MIPYME permitiéndoles acceder a los mercados y favorecer la dinámica competitiva.

Una empresa competitiva es aquella que tiene la capacidad y habilidad para competir exitosamente en un mercado a través de la producción y comercialización de bienes o servicios en mejores condiciones de calidad y precio mejor que sus rivales.

De acuerdo con esto, es claro que las MIPYME deben buscar organizarse (a través de la formalización, capacitación, innovación y modernización) para poder competir en igualdad de condiciones con las grandes empresas. Con esta guía que ponemos a su alcance, le demostraremos que es fácil conseguir este objetivo.

Para tal efecto, se presentarán de forma general las oportunidades que representa acceder a las Compras Públicas (Capítulo 1); se señalarán algunos principios que la orientan (Capítulo 2); se hará una breve caracterización de las MIPYME en el Estado Colombiano (Capítulo 3), y las ventajas particulares que tienen en la Contratación Pública (Capítulo 4).